Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la inauguración del evento Desafíos y respuestas para la transversalización del enfoque de género en las políticas migratorias a nivel regional, paralelo a la XIV Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y e
l Caribe
27 de enero, 2020
CEPAL
María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU mujeres para América Latina y el Caribe,
Marcelo Pisani, Director Regional de OIM para América Central, el Caribe y Norteamérica.
Amigas y amigos,
Me complace poder inaugurar este evento sobre los Desafíos y respuestas para la transversalización del enfoque de género en las políticas migratorias a nivel regional, que se celebra en el marco de la decimocuarta Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Si bien con cambios y frenos recientes, la migración regional se caracteriza en el balance por la fuerte impronta de la emigración (más de 40 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de su país de nacimiento, un 70 por ciento en los Estados Unidos), por la mayor participación de las mujeres en varios flujos, en particular en los intercambios intrarregionales y hacia España, por la importante gravitación del trabajo doméstico remunerado como opción laboral para ellas, y por el crecimiento de la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados y las situaciones de violencia que les afectan sensiblemente.
En el estudio de la migración el papel de la mujer debe analizarse desde un enfoque diferenciado, ya que está sujeta a diversas vulnerabilidades, no solo en las comunidades de origen, sino también durante los desplazamientos. Además, es quien suele quedarse al frente del cuidado de los hijos, la administración de las remesas y la unidad de producción mientras el hombre emigra. Esto significa que, a su situación, ya de por sí compleja debido a los roles tradicionales de género, deben sumar un incremento de su carga de trabajo doméstico, así como la necesidad de asegurarse el sustento por medio de un trabajo remunerado.
Esta necesidad agrava significativamente su situación, ya que es habitual que las mujeres tengan dificultades para acceder a un trabajo a tiempo completo y de calidad. Es decir que, si logran insertarse en el mercado laboral, será en condiciones de gran precariedad.
El aumento de la participación de las mujeres ha sido una de las tendencias comunes en todos los corredores migratorios de la región, si bien en subregiones como Centroamérica y América del Sur los datos sugieren una reversión de la tendencia al aumento, en función de movimientos recientes. De cualquier forma, en el caso de las mujeres y niñas migrantes, es necesario considerar las vulnerabilidades basadas en el género, las que se ven potenciadas en la travesía migratoria, en el retorno y la reinserción. En especial, muchas mujeres son víctimas de violencia en algunas regiones del continente, lo que puede llegar a ser la principal causa que motiva su migración y volverse un imperativo de supervivencia.
El Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que impulsa la CEPAL por mandato de los cuatro países, recomienda expresamente implementar políticas para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, cerrar las brechas de desigualdad y avanzar en la garantía de la autonomía física, económica y política de las mujeres, para la migración sea una opción y no una obligación.
El Plan constituye una propuesta innovadora que busca crear un espacio de desarrollo sostenible estimulando el crecimiento económico, promoviendo el acceso universal a los derechos sociales, impulsando la resiliencia al cambio climático y garantizando los derechos durante todo el ciclo migratorio.
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El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo explicita la preocupación de los países de América Latina y el Caribe por la “sistemática violación de los derechos humanos que sufren las personas migrantes, entre otros factores, por las problemáticas específicas que afectan a distintos grupos, en cuanto a discriminación, abuso, trata de personas, explotación y violencia, particularmente las mujeres, las niñas, los niños y las y los adolescentes”.
Un riesgo adicional asociado a la condición de género de las personas migrantes es la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral. Entre las manifestaciones de ello se encuentran las diferencias salariales con las mujeres nativas y, principalmente, con los hombres en el país de destino, así como la segregación profesional en actividades más precarias y mal remuneradas, siendo el trabajo doméstico remunerado un ejemplo. A las dificultades ya mencionadas, se les suma la carga de trabajo reproductivo en el ámbito doméstico.
En los últimos años ha venido aumentando el número de mujeres que migran a países limítrofes en busca de trabajo, lo que ha sido conocido como la “migración autónoma”. Una gran proporción de ellas encuentra empleo en el país de destino como trabajadora doméstica remunerada. Este trabajo estigmatizado, que se ubica en los peldaños inferiores de la escala de valor social de las ocupaciones, es una de las pocas opciones de que dispone un grupo que también sufre estigmatización —y, muchas veces, una devaluación de sus calificaciones— por el hecho de ser migrante. Además, permanecen en esta ocupación sin poder desarrollar un proyecto de movilidad ocupacional cuando les faltan redes y el reconocimiento de sus títulos, o incluso por el sello negativo que impone en su historia ocupacional el haberse dedicado al trabajo doméstico.
Las trabajadoras domésticas remuneradas realizan tareas tanto de administración del hogar (limpieza, preparación de comidas, compras, entre otras) como de cuidado de niños, niñas y personas mayores, sin que su aporte al bienestar de la familia sea necesariamente reconocido.
Por lo tanto, para las políticas migratorias hay que priorizar el acceso a la protección social de las mujeres migrantes como parte del proceso de lograr mayor igualdad en general y de género en particular (acceso a derechos).
La migración internacional para el cuidado es una expresión de los procesos globales de acumulación de capital, de carácter estructural, basados no solo en la transnacionalización del capital o de la producción, sino también de la reproducción (Bakker y Gill, 2003). Las mujeres migran para asumir dichas tareas en los países de destino, en tanto que asumen el peso de la provisión económica de su hogar y ejercen tareas de cuidado a distancia (cuidado transnacional) en el marco de una nueva organización social de la vida familiar forzada por su ausencia.
La familia transnacional da lugar a nuevas prácticas de cuidado: la maternidad a distancia es una de las más estudiadas. El cuidado emocional —que implica escuchar, hablar, dar consejos—no se interrumpe con la distancia, sino que se lleva a cabo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros medios de comunicación basados en las nuevas tecnologías (Gonzálvez, 2013).
Es necesario trabajar a nivel local con mujeres potencialmente migrantes para ayudarlas a prepararse para saber cómo y dónde migrar a fin de reducir los riesgos de explotación y maximizar los ahorros y oportunidades a largo plazo.
Otro factor de vulnerabilidad de las mujeres migrantes tiene que ver con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se constata que en la región existen muchas restricciones para las mujeres migrantes en este sentido, lo que se acentúa en las zonas fronterizas y exacerba los factores de desventaja.
Las organizaciones de mujeres pueden empoderar a las mujeres migrantes a través de la información y la promoción.
Es necesario expandir los análisis basados en enfoque de género a las políticas y programas migratorios a fin de identificar nuevas oportunidades que permitan empoderar a las mujeres migrantes para que puedan aprovechar al máximo sus habilidades y capacidades.
Finalmente, es importante considerar las percepciones, decisiones y biografías de las mujeres migrantes en toda intervención de política pública.
Muchas gracias.
